Cuando la dictadura consideró conveniente revisar el patriarcado legal…

Hoy toca un poco de historia del patriarcado legal en este país, de cuando el propio franquismo eliminó la autorización marital/parental de las mujeres y la obediencia al marido que el mismo sistema había impuesto décadas antes. En realidad más que décadas podríamos hablar de diferentes etapas y regímenes políticos establecidos desde la época del Código Civil de 1889 hasta 1975, pasando por esa pequeña y brevísima etapa de igualdad legal en plena Guerra Civil que promulgó García Oliver como Ministro de la que ya hablé en este otro post. Incluso podríamos hacer una parada en el camino para analizar la Ley de 1961, que tuvo un ardiente debate detrás dentro de las cortes franquistas entre los partidarios de suavizar o dar por supuesto la autoridad marital si el marido no manifestaba lo contrario (Sección Femenina) y los partidarios de mantenerla de forma expresa.

Del Boe del 5 de mayo de 1975, un día como hoy, copio y pego un texto firmado por Francisco Franco y el falangista Presidente de las Cortes Españolas de ese momento, Alejandro Rodríguez Valcárcel y Nebreda:

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-9245

“I. Una de las corrientes de opinión fuertemente sentidas en nuestros días en el ámbito del derecho privado, reflejo de autenticas necesidades de carácter apremiante, es la que incide sobre la situación jurídica de la mujer casada. Sufre ésta señaladas limitaciones en su capacidad de obrar que, si en otros tiempos pudieron tener alguna explicación, en la actualidad la han perdido. Por lo demás, las normas en que tales limitaciones se contienen no pasan de tener una efectividad predominantemente formal, creadora de trabas en la vida jurídica, sin la contrapartida de una seria protección de los intereses de orden familiar.
Las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad hacen aconsejable y conveniente una revisión del derecho de familia. Tal propósito, sin embargo, sólo debe acometerse de manera prudente, tras un atento y detenido estudio de las posibles soluciones, un análisis de la realidad y de las necesidades verdaderamente sentidas, con la guía también de los elementos que puede aportar el derecho comparado y sin desconocer en ningún caso las exigencias éticas que de modo muy particular inciden sobre este sector del derecho.
Hay, sin duda, algunos puntos en los cuales la dificultad de la reforma es menor y su regulación puede contribuir de manera señalada a una más justa estructuración de la situación jurídica de los cónyuges. Sobre todo importa reconocer a la mujer un ámbito de libertad y de capacidad de obrar en el orden jurídico que es consustancial con la dignidad misma de la persona, proclamada en las Leyes Fundamentales. Tales puntos son los relativos a la nacionalidad, a la actuación en orden jurídico y a la posible modificación posnupcial del régimen de bienes del matrimonio.
(…)
III. La reforma del régimen jurídico de la capacidad de obrar de la mujer casada ha exigido una reordenación de los artículos cincuenta y siete a sesenta y cinco, así como el retoque de una serie de preceptos diversos del Código, en los que éste imponía la necesidad de la licencia marital para los actos y contratos de la mujer.

Los artículos cincuenta y siete y cincuenta y ocho, que conciernen a las relaciones personales entre los cónyuges, de difícil sanción jurídica, precisamente por sus acusados presupuestos éticos y sociales, ha sido preciso conformarlos de acuerdo con la general finalidad perseguida de equiparar en lo posible a los cónyuges y en armonía con lo establecido respecto de los actos y relaciones de alcance patrimonial. En el artículo cincuenta y siete resulta suprimida la fórmula discriminatoria de la protección como atributo del marido y la obediencia como obligación de la mujer, para decir en términos de absoluta reciprocidad que marido y mujer deben protegerse mutuamente, añadiendo que habrán de actuar siempre en interés de la familia, con lo que ésta, como institución más general que engloba al matrimonio y le dota de un sentido trascendente y transindividual, recibe el refrendo legislativo que se echaba en falta en la anterior ordenación.”

Algunos de los artículos modificados:
«Art. 57.
El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos, y actuarán siempre en interés de la familia.»
«Art. 62.
El matrimonio no restringe la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges.
El casado menor de edad necesitará para comparecer en juicio, según los casos, el consentimiento de las personas mencionados en los artículos 80 y 81.»
«Art. 63.
Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiera sido conferida voluntariamente.»

«Art. 66.
Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos relativos a cosas o servicios para atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y las circunstancias y posición de Ia misma.»
Y otros en los que todavía se mantiene el patriarcado legal:
«Art. 59.
El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario.»

La “Sección Femenina Connection”

Como complemento a esta información, veamos más de cerca a las promotoras de estos cambios:

Dice Belén Landáburu, senadora por designación real durante la dictadura, Consejera nacional en representación de las estructuras básicas (Familia), secretaria segunda del Consejo Nacional del Movimiento:

María Telo, Concha Sierra, Carmen Salinas y yo fuimos las mujeres que planteamos e impulsamos reformas dentro del régimen. De alguna manera, fuimos las pioneras y, además, en un ambiente bastante hostil. Estuvimos trabajando desde 1972 en la Comisión General de Codificación hasta 1977, es decir, hasta la llegada de la democracia. Esa comisión produjo los proyectos de ley necesarios para que se modificara la posición de la mujer y, por lo tanto, la igualdad de la mujer”, dice Landáburu en el documental, abogada y la única mujer que formó parte de la ponencia de la Ley para la Reforma Política de 1977″.

Dos mujeres que tenían altos cargos en la Sección Femenina (Belén Landáburu y Carmen Salinas) junto a María Telo y Concepción Sierra. Dice Mercedes Alonso de Diego en la revista Arte Historia:
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/12998.htm 

“La participación de Belén Landáburu, Procuradora en Cortes por Burgos por el tercio familiar y miembro de la AEMJ, fue definitiva en su planteamiento de una serie de aspectos jurídicos, a los que contestó el Ministerio de Justicia, con el consiguiente ruego de envío a la CGC, donde tras su estudio legal fue aprobado el anteproyecto y tramitado a las Cortes. Por su parte, las procuradoras Pilar Primo de Rivera y Mónica Plaza plantearon el tema más desde la realidad social que desde una perspectiva estrictamente jurídica. 
 El 20 de julio de 1972 Belén Landáburu expuso en nombre de la Comisión de Justicia los fundamentos del Dictamen sobre la proposición de ley de modificación de los artículos 320 y 321 del CC y la derogación del número 3 del artículo 1.880y de los artículos 1.901 a 1.909, inclusive de la LEC. El Dictamen fue aprobado por unanimidad de la Cámara. 
 A partir de 1972 la Sección Femenina llevó al iniciativa en los trabajos previos a la reforma del CC en lo que respectaba al Derecho de Familia, reforma que no debía “abarcar no sólo una faceta del Derecho de familia, sino la totalidad del mismo, basada en un sentido de justicia y equidad que se aplique en los derechos de ambos cónyuges”, según se recogió en un acta. 
 Los trabajos encaminados a la reforma del CC, dieron lugar a la constitución de una Sección Especial de la que formaron parte cuatro vocales femeninos. El 17 de enero de 1973 se celebró, con la asistencia del ministro de Justicia, Antonio Mª. de Oriol y Urquijo, la primera sesión de la Sección Especial, creada para “estudiar las incidencias que los cambios sociales puedan haber producido en el Derecho de familia y la formulación en su caso de la correspondiente propuesta”. 
 Estas cuatro mujeres juristas fueron la conocida María Telo; Carmen Salinas Alfonso, Asesora jurídica de la Sección Femenina; Concepción Serra Ordóñez, de importante trayectoria profesional, especializada en derecho de familia y causas de separación matrimonial; y Belén Landáburu, perteneciente a la Sección Femenina y protagonista de la reforma del CC del año 1972.”

Un ejemplo más de que las políticas relativas a la relación entre los hombres y las mujeres y la capacidad de autonomía de estas se desarrollan desde el Estado según interese al poder en cada momento.

Igualdad entre hombres y mujeres – Juan García Oliver

Como ya he comentado en el artículo anterior de este blog, un libro que me ha hecho reflexionar profundamente, tanto en lo que esto de acuerdo con los autores como con lo que no, es “Feminicidio o auto-construcción de la mujer”. Dos de los capítulos más interesantes son el dedicado a las milicianas y al rechazo del feminismo por el movimiento libertario histórico.

Después de su lectura, muchas de sus notas me han llevado a profundizar en el tema consultando las fuentes originales. También he recordado lo que leí en algunos libros de mis estanterías que, por cierto, no son un adorno momificado en el tiempo, deberían servir para conocer, pensar y relacionar su contenido con la realidad actual.

Voy a empezar con el libro de Juan García Oliver “El eco de los pasos” ya que se trata de un anarquista en el Estado dictando o intentando dictar leyes desde el Ministerio de Justicia. A pesar de ser leyes emanadas “desde arriba” y no desde el pueblo tienen mucho de rescatable y es muy interesante leerlas hoy en día, ahora que está tan de moda la deplorable discriminación “positiva”:

Pg. 355. Los subrayados y los comentarios posteriores son míos.

“Al iniciarse el año, le entregué para estudio los siguientes proyectos de ley: concediendo a la mujer la plenitud de los derechos civiles, equiparándola en todo a los hombres (1)… (SIGUE)

1. [NDE]. Decreto concediendo a la mujer la plenitud de derechos civiles.
«Desde la publicación de la Carta fundamental de la República existe una evidente
antinomia entre el texto constitucional y las leyes civiles, en orden a la capacidad civil
de la mujer
, y especialmente de la mujer casada.
Adaptar las leyes civiles a la Constitución ha sido menester olvidado hasta ahora y
que es forzoso cumplir sin dilación, no sólo para evitar toda suerte de dudas, sino también
porque así lo exige la revolución jurídica operada en nuestro país, incompatible con
los arcaicos privilegios que las leyes conceden y otorgan, por razones de sexo.

La igualdad del derecho del varón y la mujer debe ser absoluta, sin otros límites que
las diferencias impuestas por la naturaleza.

MI COMENTARIO:
Esa antinomia no fue un “olvido”, porque nada es casual en política, sino una muestra de misoginia republicana. Es decir, tuvo que llegar un anarquista al poder de la República (grandísima contradicción) para acabar con la desigualdad legal entre hombres y mujeres que esta había mantenido durante seis largos años, desde 1931 hasta 1937.  Aquí García Oliver denuncia que los privilegios por razones de sexo son incompatibles con la revolución. ¡Qué diferencia con los “planes de igualdad” de hoy en día! Lamentablemente los privilegios no son solo arcaicos y cosa del pasado, van surgiendo otros nuevos en el presente. No es un debate de los años 30 superado, es totalmente actual. Por otro lado, es significativo que se hable de “conceder” derechos, ya que muestra como la legislación nos es impuesta por el Estado desde “arriba” y no la creamos entre todos. Si antes no hubiera habido una ley que fomentaba la desiguladad y la subordinación no hubiera hecho falta “conceder” la igualdad, ya que, a priori, los dos sexos tenemos la misma capacidad para desarrollar todas las funciones civiles

La mujer, dentro del matrimonio, ha de ser una verdadera compañera, y dentro y
fuera del matrimonio ha de poder desempeñar las mismas funciones civiles que el varón.

Toda sombra de autoridad marital, de restricción y aun de privilegios de uno u otro
sexo
, es absolutamente incompatible con la dignidad que igualmente ostentan y que la
ordenación jurídica debe consagrar.

MI COMENTARIO: El primer comentario suena muy paternalista, diciendo a las mujeres lo que deben ser en su vida matrimonial e íntima, pero a la vez está hablando de compañerismo, de estar al mismo nivel. Después señala que, casada o soltera,  “ha de poder desempeñar”, poniendo el énfasis en la posibilidad real de desempeñar las mismas funciones civiles que los hombres, sin discriminación positiva ni cuotas a priori. Por eso no dice “debe desempeñar”.
Y aquí viene lo más interesante: habla de los privilegios de uno u otro sexo, es decir, cabe la posibilidad de que sea la mujer la privilegiada y de que, por tanto, sea incompatible con la igual dignidad del hombre y la mujer.

Con fundamento en las razones expuestas, a propuesta del ministro de Justicia y de
acuerdo con el Consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.” El sexo no origina diferencia alguna en la extensión y ejercicio de la capacidad
civil. La mujer, sea cualquiera su estado, tiene la misma capacidad que las leyes
reconocen o puedan reconocer al hombre para ejercer todos los derechos y funciones
civiles.

MI COMENTARIO: En este artículo se decreta la igualdad real y se reconoce la misma capacidad a la mujer que al hombre. Algo muy diferente a lo que defiende la discriminación positiva, es decir, que las mujeres necesitan ayuda para llegar a ejercer esas funciones civiles porque no son igual de capaces.

Art. 2.° Dentro del matrimonio ninguno de los cónyuges adquiere potestad sobre el
otro
, ni ostenta su representación legal, quedando ambos únicamente obligados, por mutuo
y leal consentimiento, a vivir juntos, guardarse fidelidad y prestarse recíprocamente
asistencia. La obligación de sufragar los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar
conyugal pesará sobre ambos cónyuges, en proporción a sus respectivos medios económicos
y a sus posibilidades de trabajo.

MI COMENTARIO:  Aquí se habla de horizontalidad en el matrimonio, en el sentido de que nadie domina al otro ni tiene capacidad de tratar al otro como un objeto en propiedad, etcétera, pero ninguno, ni el hombre ni la mujer. Se habla también de reciprocidad y apoyo mutuo y, se sigue en lugar de la proporción al 50% igualitaria en números tan querida por los amantes de la discriminación positiva y las cuotas, la comunista libertaria según la cual el sostenimiento del hogar a nivel económico será según las posibilidades de ambos cónyuges. En realidad suena hasta ridículo promulgarlo desde las leyes ya que la familia histórica pre-industrial ya se regía por ese principio. Aquí conecto de nuevo con el libro de Prado Esteban, ya que sería interesante conocer como eran los códigos de familia legales anteriores al siglo XIX.

Art. 3.” Corresponderán conjuntamente al padre y a la madre las funciones y deberes
que las leyes les atribuyen con respecto a los hijos comunes. Cuando los padres viviesen
separados de hecho, se presumirá que existe plena delegación de facultades en favor de
aquel que tenga los hijos a su cuidado. En tal caso, el juez le concederá la representación
de los mismos por los trámites del artículo siguiente.

Art. 4.° En el supuesto del último párrafo del artículo anterior, o si ambos cónyuges
no llegasen a ponerse de acuerdo sobre algún punto de capital importancia o de reconocida
urgencia, relativo a la vida del hogar, así como a la educación de los hijos o a la
administración de los bienes de los mismos, mientras no se constituya una jurisdicción
especial familiar, el juez de primera instancia conferirá la representación antes aludida
o dirimirá la discordia, previa audiencia de los interesados, si fuere posible, de los hijos
mayores de catorce años que tuvieren un interés directo en el asunto y del fiscal. La decisión
del juez será ejecutiva, pero podrá ser modificada por el mismo en cualquier momento,
a instancia de cualquiera de las partes sin perjuicio del derecho de los interesados
a discutir sus diferencias por los trámites del juicio ordinario.

Art. 5.” Cada cónyuge conserva la facultad de contratar con el otro y de convenir
con él, en cualquier momento, la modificación del régimen económico matrimonial, que
será el de separación de bienes, mientras no se haya pactado otro diferente. Vigente o
concertado cualquier otro régimen, se establecerá el de separación de bienes, por los
trámites fijados en el artículo anterior, cuando uno de los Cónyuges lo pida con fundamento
suficiente, a juicio del juez, sin perjuicio de las obligaciones especiales contraídas
entre sí y de los derechos de tercero. Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones
podrán constar por documento privado.

MI COMENTARIO: Se vuelve a hablar de cónyuges sin concretar sexos. Me parece interesante que el matrimonio que se establece aquí sea por defecto con separación de bienes. Por un lado, puede que fuera para forzar a que si se quiere todo en común fueran las parejas las que lo eligieran voluntariamente de ese modo, pero no puedo dejar de pensar que está alejado de los principios del comunismo libertario que he mencionado en el anterior comentario: “de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad”, que creo que es cómo se rigen las familias, incluso las que no son libertarias y no le hayan puesto nombre. Las relaciones familiares, amorosas o amistosas (las más íntimas, claro) son los únicos contextos o casi donde la gente se da préstamos sin interés o da dinero o ayudas de todo tipo sin esperar nada material a cambio. Es algo totalmente subversivo para el sistema, no es extraño por tanto que sea una de las últimas batallas del capitalismo-estado que les queda por ganar. Porque el sistema quiere destruir ese tipo de relaciones y nuestro objetivo, si queremos luchar contra eso, sería no solo hacer más fuertes los vínculos de reciprocidad sino ampliarlos fuera de la familia y el círculo íntimo hasta toda la humanidad. ¿Suena complicado? Lo es.

Termino copiando el resto del decreto para quien lo quiera consultar:

Art. 6.” El marido y la mujer podrán ejercitar, durante el matrimonio, los derechos
y acciones que tenga el uno contra otro.
Art. 7.° Los actos jurídicos y decisiones judiciales referentes al régimen de los bienes
del matrimonio, sólo producirán efectos contra tercero si se inscriben en el Registro de
regímenes, que se llevará por los funcionarios encargados del Registro civil. En el término
de dos meses, el Ministerio de Justicia dictará las normas reglamentarias precisas para
el funcionamiento de tal Registro.
Art. 8.” Los actos realizados por mujer casada, en cuanto a sus bienes privativos, con
anterioridad a este decreto, pero después de la entrada en vigor de la Constitución de la
República, surtirán pleno efecto, aun cuando no haya mediado licencia o poder marital.
También surtirán pleno efecto los actos realizados por mujer casada con fecha anterior
a la entrada en vigor de la Constitución siempre que no hubiesen sido impugnados con
anterioridad a la fecha de promulgación del presente decreto.
Art. 9.” Este decreto se aplicará a los matrimonios contraídos antes de su vigencia,
de los cuales, no obstante, subsistirá el régimen económico matrimonial a que estuvieren
sometidos, sin perjuicio de la facultad de modificarlo establecida en el artículo 5.°.
En adelante, en dichos matrimonios, la administración y disposición de los bienes comunes
exigirá el acuerdo de ambos cónyuges, pudiendo el juez, en caso de impedimento
momentáneo de uno de ellos, conferir la administración interina al otro, por los trámites
y con los efectos del artículo 4.°.
Art. 10.” La mujer casada que al publicarse el presente decreto tuviera hijos de anteriores
matrimonios, recobrará, a petición suya, los derechos y deberes que hubiere perdido
al contraer segundas nupcias, en virtud del artículo 168 del Código civil, cesando,
en su consecuencia, las tutelas que a este respecto se hubiesen constituido. La petición se
formulará ante el juez de primera instancia, que resolverá de plano y contra cuya resolución
no cabrá recurso.
Art. 11.° Quedan expresamente derogados cuantos preceptos legales se opongan a lo
dispuesto en el presente decreto, del que se dará cuenta en su día a las Cortes y que entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en la «Gaceta de la República», quedando
facultado el ministro de Justicia para dictar cuantas disposiciones complementarias
sean precisas.
Dado en Valencia a 3 de febrero de 1937.»

Se puede descargar el libro entero aquí: http://www.memorialibertaria.org/IMG/pdf/2007-faxbook-002.pdf