Día 44: ¿qué es una crisis sanitaria?

Jueves, 23 de abril de 2020

Debemos recordar, a modo de introducción, que el juez que ratificó la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que impuso la cuarentena a un hotel de Adeja lo hizo en estos términos el 25 de febrero (la negrita es mía):

En el presente caso y a la vista de lo expuesto por la administración de sanidad, procede ratificar dicha medida. Como se indica en dicho informe, existe un caso constatado con una persona contagiada por dicho virus, y con indicios razonables de poder propagarse dicha enfermedad, lo cual a efectos de valoración médica, hace necesaria, conforme a lo expuesto y el riesgo sanitario actual, la cuarentena en las dependencias de dicho hotel para el control de enfermos, de personas que hayan tenido contacto con dichas personas, y evitar la propagación. A la vista del grave problema sanitario existente a nivel mundial a fecha actual con el denominado corona-virus o Covid-19, el riesgo de propagación, la necesidad de adoptar medidas urgentes y contundentes para evitar la propagación, es procedente ratificar dicha medida, a fin de evitar un mayor contagio y propagación y por el peligro de salud pública, de conformidad con la Declaración de Emergencia Sanitaria internacional por el brote de coronavirus. Procede comunicar dicha ratificación a la administración solicitante y al juzgado administrativo competente en fecha hábil, sin perjuicio de las nuevas peticiones a efectuar por la administración pública.

Yo después de leer esto creo que hay que reflexionar sobre estas cuestiones: ¿Qué es un grave problema sanitario a nivel mundial y qué no lo es? ¿Hay criterios objetivos y cuantificables o dependemos del criterio subjetivo del Comité de Emergencias de la OMS? ¿Se contextualiza el concepto de peligro comparado con otras enfermedades?

Como se cita la “Declaración de Emergencia Sanitaria internacional por el brote de coronavirus” vamos a analizar el documento del Ministerio de Sanidad español que analizaba este asunto. Allí se nos dice que el brote de nuevo coronavirus 2019 (n-CoV) en la República Popular de China, con casos exportados a otros países, es una “emergencia sanitaria” pero no se aporta ningún dato ni de letalidad ni de la gravedad del propio virus. Es más, se nos dice que “China también está realizando estudios sobre la gravedad y la transmisibilidad del virus, y compartiendo datos y material biológico” y que “aún existen mucho desconocimiento e incertidumbre acerca del 2019 (n-CoV)”. Sin embargo, sin dar datos de gravedad, letalidad y con mucha incertidumbre se declara la “emergencia sanitaria”.

En cuanto a la información de aportaba la propia OMS el 30 de enero vemos que:

– Nos encontramos ante un coronavirus nuevo.

– China identificó el virus rápidamente y compartió su secuencia.

– En ese momento había “7711 casos confirmados y 12167 casos sospechosos en todo el país. De los casos confirmados, 1370 son graves y ya se han registrado 170 víctimas mortales. 124 personas se han restablecido y han recibido el alta hospitalaria”.

– El Comité está convencido de que todavía es posible interrumpir la propagación del virus, si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo.

– El Comité convino en que ahora el brote cumple los criterios para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional y propuso que se hagan públicos los siguientes consejos como recomendaciones temporales.

En cuanto a esta información de finales de enero veo que habría que resaltar lo siguiente:

a) El dato de 170 víctimas mortales en sí mismo no nos aporta una idea objetiva de la gravedad (más allá del drama personal por el valor intrínseco de cada vida) porque los datos deben ser contextualizados con más información complementaria sobre su edad y enfermedades asociadas y se necesita hacer comparaciones con otras patologías más comunes para que la gente normal y corriente se haga una idea de la gravedad del virus. Es decir, se necesita responder a la pregunta de por qué este virus se consideró que era una emergencia sanitaria mayor que el resto de coronavirus, los resfriados, la gripe o las diferentes neumonías ya conocidas.

b) Si no se sabe la gravedad del propio virus contextualizado con el resto de la información no se puede comprender la necesidad de contenerlo. ¿Por qué no se contiene la gripe o los múltiples virus y bacterias que a veces derivan en neumonías, y este virus sí hay que contenerlo?

Díaz Ayuso, cuando cerró los colegios el 11 de marzo, lo hizo “como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19)”. Por otro lado, el decreto del gobierno de Pedro Sánchez afirma que se declara para gestionar “la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. También vemos que medidas como el aislamiento de ancianos en sus habitaciones de la residencias se han apoyado en frases como “ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Pero para no caer en la arbitrariedad total los ciudadanos necesitaríamos una definición clara de lo que es una crisis sanitaria y lo que no, ya que si no nos arriesgamos a que cada invierno entremos en “estado de alarma” por la gripe o por un resfriado o simplemente para reducir los accidentes de coche o la contaminación atmosférica. ¿Cuáles deberían ser los elementos objetivos para justificar una restricción de derechos tan bestial como la que hemos sufrido y estamos sufriendo? ¿La letalidad del virus? ¿El número de fallecidos por día confirmados por una determinada enfermedad? ¿Dónde podemos consultar esos criterios objetivos? La respuesta es que esos criterios no están publicados ni explicitados en ningún sitio.

En un artículo de 2006 firmado por Fernando Lamata (en ese momento Vicepresidente de Castilla La Mancha) y publicado en la Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI podemos leer:

Si definimos la situación de crisis en salud pública cuando ha aparecido un problema de salud, o hay una probabilidad de riesgo para la salud, con una incidencia o letalidad mayor de lo normal para esta época y en este lugar, y donde no podemos garantizar la dimensión final del problema, y donde además se produce un enorme interés informativo, podemos entender algunas de las claves de la actuación de los políticos, bien en la gestión de la crisis desde el Gobierno, o bien en la oposición.

En otro artículo de 2009 de Juan Gervás y otros autores se afirma:

Las crisis sanitarias lo son porque conmocionan la sociedad y pueden poner al límite los servicios sanitarios. Generalmente, una crisis sanitaria comienza con la detección de algún caso, o situación, que genera alarma (alerta), y ante el que es imperativo actuar con rapidez (emergencia). Alerta y emergencia son condiciones necesarias pero no suficientes para hablar de crisis sanitaria, pues las crisis precisan la percepción del riesgo de afectación colectiva y de la incertidumbre en el manejo del riesgo individual. Esa doble percepción es la que le da fuerza pública, la que conlleva temor e incluso pánico en la población, y la que genera la movilización de los recursos del sistema sanitario. A la magnitud de una crisis contribuyen tanto la propia dimensión del problema de salud original como la crisis mediática que le acompañe y los efectos de ambos. En ocasiones, unos problemas de salud de magnitud muy inferior a otros problemas públicos comunes se convierten en crisis por la atracción que éstos causan en los medios de comunicación, como bien se describió a propósito de un brote de legionelosis en el barrio de La Barceloneta (Barcelona).

Volvamos al decreto de estado de alarma en el que se dice:

Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

Como vemos, no se explicitan cuáles son esas circunstancias extraordinarias y, además, se nos dice que no hay ninguna duda, que no debemos cuestionar nada porque es algo autoevidente. También se hace alusión a la subjetividad en “el muy elevado número de ciudadanos afectados”. ¿Cuántos? ¿Cuál es el baremo? O se habla de “enorme magnitud” pero, ¿cuál debe ser la magnitud de la crisis para declararse como tal? ¿A qué se refiere cuando habla de “riesgo para sus derechos? ¿Al propio decreto?

Necesitamos que los juristas hablen y nos expliquen esto. Para los que no somos expertos en leyes puede parecer que el propio decreto cae en un razonamiento tautológico circular: estamos en estado de alarma porque hay una crisis sanitaria. Hay una crisis sanitaria porque estamos en estado de alarma. Y todo, “sin duda”.

No quiero que se me malinterprete, no estoy minusvalorando en absoluto la cifra de fallecidos (aunque no sabemos qué parte es debida a la propia letalidad del virus y qué parte al caos generado en la gestión de la alarma). Lo que estoy haciendo es ser hipercrítica ya que si no lo somos, se nos podrán restringir derechos sin aportar pruebas en el futuro. No debemos de dar nada por hecho y debemos poner en cuestión y en “cuarentena” cualquier información sin pruebas.

Por lo visto las luchas entre izquierdas y derechas van a hacer que el país se vaya a pique y no salgamos de casa hasta 2025. Me parece que la gestión del gobierno ha sido nefasta pero la gestión de la derecha, en especial de Vox, de quien esperaba más en base a que son el único partido que no ha apoytado la prórroga del estado de alarma, es todavía más decepcionante, ya que no se muestran críticos con el confinamiento de la población entera de un país ni a favor de posturas más liberales como la de Suecia (con todos los fallos que ha tenido en la protección de sus ancianos en residencias) o la que tenía Reino Unido antes del estudio tendencioso del Imperial College. Nadie ha querido tomar el camino del sentido común y de la prudencia. Es decir, de esta vamos a salir sin salud, sin economía y sin libertades como no exijamos el derecho a volver a trabajar, el derecho a pasear, el de volver a abrir las tiendas, el de tomarnos una cerveza en el bar de al lado y recuperar la responsabilidad personal. El que se quiera quedar encerrado en casa hasta 2025 que lo haga, pero que nos deje vivir a los demás. Si es por el colapso de la sanidad, si es necesario pagaré mi cuota de sanidad privada por no tener que escuchar las monsergas de los que nos quieren encerrados y arruinados. Siempre saldrá más barato que la crisis económica que están provocando aposta para tenernos más controlados.

Por cierto, hoy he tenido mi primer episodio (ya tocaba) de ataque de una señora balconazi que me ha dicho, mientras volvía de comprar con mis tres hijos, que no podía estar en la calle con ellos. ¡Y eso que en tres días podrán ir hasta en patinete! Le he contestado que sí que podía, que ella no conoce mis circunstancias personales y que llamara a la policía si lo consideraba necesario, que yo soy libre. Y he seguido caminando mientras cantaba la canción de Nino Bravo bien alto, supongo que dando una imagen de madre enloquecida y trastornada por tantos días de arresto domiciliario. La verdad es que nunca me he sentido más lúcida.

Relacionado:

– How should we plan for pandemics? WHO has revised its definition of pandemic flu in response to current experience with A/H1N1. Peter Doshi argues that our plans for pandemics need to take into account more than the worst case scenarios: “las respuestas de salud pública no calibradas a la amenaza pueden ser percibidas como alarmistas, erosionando la confianza pública y resaltando en que las personas ignoren alertas importantes cuando ocurran epidemias serias”: https://www.bmj.com/bmj/section-pdf/186330?path=/bmj/339/7721/Analysis.full.pdf

– Sobre la pandemia de gripe A H1N1, tomado de Wikipedia: Se realizaron múltiples denuncias sobre la influencia de la industria farmacéutica sobre el grupo de expertos estratégico de la OMS (SAGE, por sus siglas en inglés, Strategic Advisory Group of Experts), que aconsejó la elevación de la alerta de pandemia a nivel 6 a la directora general de la OMS, Margaret Chan; sobre el grupo de expertos ad hoc de vacunación de la gripe A, constituido en abril de 2009 e integrado por tres miembros del SAGE y otros diez expertos; y sobre el comité que estudió la evolución de la pandemia. Estas denuncias por conflictos de interés implicaban a los tres miembros de SAGE en el grupo ad hoc: Juhani Eskola, finlandés, recibía fondos de Novartis y el financiamiento principal del instituto que dirigía (alrededor de 6 millones de euros) dependía de GlaxoSmithKline, fabricante de vacunas contra la gripe A H1N1; Peter Figueroa, jamaiquino, recibía financiamiento de Merck, y Malik Peiris, de Hong Kong, recibía fondos de Baxter International, Sanofi Pasteur y GlaxoSmithKline. Otros dos miembros del grupo ad hoc con aparentes conflictos de interés eran el holandés Albert Osterhaus, accionista de Viroclinics, una compañía que desarrolla tratamientos contra la gripe A, y el británico Neil Ferguson, quien también recibía fondos de Baxter, GlaxoSmithKline y Roche. Finalmente, el virólogo francés Bruno Lina, quien presidía el comité para el seguimiento de la evolución de la pandemia e integraba también el comité designado por el gobierno francés, recibía fondos de Roche, Novartis, GlaxoSmithKline y Sanofi-Pasteur.